El congresista Lee Zeldin (representante republicano de Shirley) ha propuesto amplias reformas a la Ley de Inmigración y Naturalización (nacionalización) federal que permitiría al gobierno revocar la ciudadanía de ciudadanos estadounidenses naturalizados dentro de los diez años después de su naturalización a causa de una amplia gama de supuestos delitos.
La legislación propuesta es “un enfoque que no tiene precedente,” dijo Patrick Young, profesor especial de ley migratoria en la Escuela de Derecho de la Universidad Hofstra.
Zeldin dijo que el proyecto de ley tiene como objetivo detener la violencia de pandillas al “tomar medidas severas contra los aspectos del sistema de inmigración roto y otras políticas de nuestra nación.” Pero la medida propuesta, titulada “Proteger a Nuestras Comunidades de Actos de Violencia Pandillera de 2018,” cuando fue inicialmente presentada por Zeldin el 8 de febrero va más allá de pertenecer o estar afiliado a una pandilla como base legal para revocar la naturalización.
La ciudadanía podría ser revocada si, dentro de los 10 años después de la naturalización, una persona es condenada, ha admitido cometer los elementos esenciales [de una ofensa,] o ha intentado cometer cualquier delito dentro de una extensa lista de delitos, que van desde tráfico de personas hasta robo. (Ver el texto del proyecto de ley aquí, documento en inglés).
Bajo la ley actual (información original en inglés), la naturalización puede ser revocada únicamente por una serie de circunstancias limitadas.
Hay cuatro razones principales para la revocación: si la persona ha obtenido la naturalización ilegalmente, u ocultado deliberadamente un hecho material en su aplicación de naturalización o en la posterior entrevista, o si la persona se convierte en miembro o se afilia al partido comunista u otros partidos totalitarios, o bien una organización terrorista dentro de los cinco años posteriores a su naturalización, o si una persona se ha hecho ciudadana estadounidense por naturalización en base a su servicio honorable en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y posteriormente abandonara las fuerzas armadas en condiciones no honorables antes de servir honorablemente durante al menos cinco años.
El hecho de revocar la ciudadanía por un delito cometido—o sospechado— hasta diez años después, contradice la historia y la jurisprudencia de la ley de naturalización, dijo Young. “No es una buena manera de hacer leyes.”
Este proyecto de ley crearía “un problema de ley internacional de enormes proporciones,” comentó Young, ya que la persona desnaturalizada podría convertirse en apátrida, muchos países no permiten la doble nacionalidad, por lo que un inmigrante que se convierte en ciudadano de los Estados Unidos pierde su nacionalidad original. “Crea una situación de ‘hombre sin patria’” y potencialmente “un grupo de exiliados,” dijo.
“La naturalización de los Estados Unidos es un privilegio, y aquellos a los que se les ha otorgado este privilegio deben respetar y obedecer las leyes de nuestra tierra,” dijo Zeldin en una editorial de opinión distribuida a diferentes medios de comunicación ayer, en el que anunciaba su patrocinio del proyecto de ley y en un comunicado de prensa emitido hoy.
La legislación propuesta tiene la intención de combatir la violencia de pandillas, y está inspirada en los recientes asesinatos en Central Islip y Brentwood, comentó Zeldin.
Los defensores de inmigrantes dicen que los ciudadanos, bien por naturalización o por nacimiento, están sujetos a las leyes penales de los Estados Unidos y que los dos tipos de ciudadanos no deberían ser tratados de manera diferente.
“Un ciudadano, naturalizado o no, que incumple la ley debería atenerse al debido proceso,” dijo la directora ejecutiva de SEPA Mujer, Martha Maffei. “Apoyamos nuestras leyes y si alguien comete un crimen debería ser castigado, pero la ciudadanía no debería tratarse de forma condicional de esta manera.”
Young opina que no cree que el proyecto de ley de Zeldin tenga la posibilidad de ser aprobado en el Congreso, y si lo hiciera, no se “aprobaría la asamblea constitucional” en los tribunales.
“Es obvio que [el proyecto de ley] está diseñado con fines políticos,” dijo Young. “ Es complaciente con los peores temores de las personas,” dijo.
La oficina de Zeldin no respondió a las preguntas sobre el lenguaje específico del proyecto de ley de si iría más allá de la membresía o afiliación de pandilla y afectaría a ciudadanos convictos y acusados de otros crímenes dentro de la década tras ser otorgada la ciudadanía.
Los crímenes incluyen robo, robo de identidad, transporte interestatal de propiedad robada, un delito grave de drogas y obstrucción a la justicia, entre otros. La Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía tiene la discreción de determinar si un grupo a partir de cinco personas constituye una pandilla o “gang,” o bien si una persona está afiliada con/o asociada con miembros de pandillas. La determinación no sería revisable por un tribunal, según estipula la legislación propuesta.
Zeldin presentó el proyecto de ley H.R. 4996 el 8 de febrero y una segunda versión del documento original, el 15 de febrero (H.R. 5065). “La última versión [H.R. 5065] tiene algunas aclaraciones técnicas menores,” dijo la portavoz de Zeldin, Katie Vincentz esta mañana.
En un segundo correo electrónico esta tarde, Vincentz dijo: “H.R. 5065 es la legislación que va a proceder, que apareció en nuestro comunicado de prensa esta mañana; no H.R. 4996. H.R. 5065 no va más allá de los crímenes cometidos con una afiliación a la membresía o actividad de pandillas, que es el objetivo de esta propuesta en primer lugar y es por eso que se realizó una aclaración técnica el 15 de febrero.”
El proyecto de ley de Zeldin del 15 de febrero (H.R. 5065) ha omitido la sección relacionada con crímenes, admisiones e intentos de crímenes contenidos en el proyecto de ley del 8 de febrero (HR 4996). Ambos han sido remitidos al Comité Judicial de la Cámara, según el sitio web Congress.gov.
Maria Piedrabuena contribuyó al reportaje.
Nota del editor: esta historia ha sido modificada para reflejar los comentarios de la directora de comunicaciones del congresista enviados por correo electrónico después de la publicación. (editado)