Defensores de inmigrantes locales se están uniendo para luchar contra la última propuesta de la administración de Donald Trump, que, de ser confirmada, denegaría la tarjeta de residente (green card) a ciertos inmigrantes que reciben ciertos tipos de asistencia pública y que podría afectar a muchos residentes locales.
“Aunque esto es solo una propuesta en este momento, no queremos ver que estos cambios entren en vigor,” dijo Cheryl Keshner, asistente legal senior y defensora comunitaria de Empire Justice Center. “Es otro intento para tratar de marginalizar y castigar a los inmigrantes, y para herir a las familias que necesitan estos beneficios para llevar una vida saludable.”
El borrador anunciado el sábado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), “propone considerar el recibo actual y pasado de los beneficios públicos designados por encima de ciertos umbrales como un factor negativo muy influyente” para aquellos inmigrantes que busquen la residencia permanente (green card).
Eso significa revisar y expandir lo que la ley federal actual describe como “la carga pública” de un inmigrante — una disposición incluida por primera vez en la Ley de Inmigración de 1882 que estipula que quienes buscan inmigrar a los Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente.
Keshner señaló que esta propuesta no ha sido confirmada y advirtió a las personas que se encuentren en proceso de solicitud de residencia permanente que no deben finalizar cualquier servicio que estén recibiendo. Además añadió que, por el momento, esto no afectaría a las personas que recibieron beneficios públicos en el pasado o aquellos que ya tienen la tarjeta de residencia permanente (green card).
Una vez que la regulación propuesta haya sido publicada formalmente en el Registro Federal, que según DHS sucederá en las “próximas semanas,” comenzará un período de 60 días para los comentarios públicos. La administración debe evaluar y revisar todos los comentarios y solo entonces pueden tomar una decisión y emitir una normativa final, que entrará en vigor 60 días después de eso.
Los defensores de los inmigrantes locales están solicitando al público que presenten sus comentarios, bien visitando directamente la página www.regulations.gov una vez la propuesta se haya publicado en el Registro Federal, o contactando a las organizaciones pro-inmigrantes como Empire Justice Center, SEPA Mujer, CARECEN, OLA of Eastern Long Island y muchos otros, que comenzarán a recopilar historias y comentarios de aquellas personas que se verán afectadas.
SEPA Mujer está planeando un foro abierto el 14 de octubre, de 11 a.m. a 2 p.m., en su oficina, ubicada en el 45 Oak Street de Patchogue. La organización planea ofrecer información sobre beneficios públicos y el significado del “cargo público” de un inmigrante.
Un representante de la Coalición de Inmigración de Nueva York también estará presente para hablar sobre los pasos que se están llevando a cabo a nivel estatal y federal. Un portavoz de SEPA Mujer dijo que el evento es abierto al público hispano hablante y angloparlante. Para más información y para interpretación durante este evento, por favor llamar al teléfono (631) 980-2555.
Keshner mencionó que varias protestas de múltiples organizaciones y otras reuniones y eventos están en el proceso de planificación en este momento por todo Long Island.
Bajo la ley federal actual, aquellas personas que han dependido de los beneficios en efectivo durante largos periodos de tiempo, como el Ingreso Suplementario del Seguro Social, pueden potencialmente encontrarse que su solicitud de inmigración sea rechazada. Sin embargo, cada caso es diferente y los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos tienen una cierta discreción al otorgar o no una solicitud de residencia permanente (green card).
Si se adopta la regulación propuesta, además de los beneficios en efectivo, algunos de los beneficios descalificadores descritos en el comunicado de prensa emitido por DHS incluirán el programa SNAP (cupones de alimentos), el subsidio de bajos ingresos de Medicare Parte D, Medicaid con algunas excepciones para servicios de emergencia y servicios para discapacitados relacionados con la educación, la institucionalización para la atención sanitaria a largo plazo a expensas del gobierno, el programa de cupones de elección de vivienda en la Sección 8, la asistencia en el alquiler de proyectos de la Sección 8, y vivienda pública.
Hay ciertos grupos de inmigrantes que están exentos de esta propuesta en los que se incluyen los refugiados, asilados o aquellos que se encuentren en el servicio activo o de reserva en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o su esposo/a o hijos/as de un miembro del servicio militar. Aquellas personas con visas U, normalmente concedidas a víctimas de violencia doméstica, y visas T, que son concedidas a víctimas de tráfico humano, también están exentas.
Además, el DHS no considerará como cargo público las ayudas ofrecidas por desastres naturales, asistencia médica de emergencia, beneficios recibidos por los hijos — que sean ciudadanos de los Estados Unidos— de un inmigrante, y los beneficios de Medicaid que reciban los hijos y potenciales hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses.
Esta nueva propuesta afectaría en gran manera a inmigrantes con documentos que cuentan con cierto tipos de visas o estatus temporal de no inmigrante y que califican para un ajuste de estatus a una residencia legal permanente.
Generalmente y con algunas excepciones, las leyes de inmigración de los Estados Unidos permiten a una persona no inmigrante cambiar de estatus a residente permanente si esa persona ha entrado en el país legalmente y cumple con ciertos requisitos estrictos.
Por lo general, los inmigrantes indocumentados no califican para recibir beneficios públicos y no son elegibles para solicitar la tarjeta de residencia permanente (green card), a menos que encuentren una vía para ajusta su estatus. El único tipo de beneficio público que los inmigrantes indocumentados pueden ser elegibles son la educación escolar, atención médica en casos de emergencia y el programa WIC (bajo ciertas condiciones).
Los defensores de los inmigrantes locales se han unido a organizaciones de todo el país para expresar que este es un intento de castigar a los inmigrantes de menos recursos y muchos consideran que es discriminatorio, y si se confirma, podría ser impugnado en los tribunales.
“Es cruel e innecesario, esta administración quiere penalizar aún más a los inmigrantes, quienes son nuestros vecinos, amigos, familias, profesionales y más, de diferentes partes de nuestras comunidades,” dijo Keshner. “Las comunidades no van a tolerar esto, la gente se está organizando a nivel nacional.”
Keshner también señaló que hay una “tremenda cantidad de necesitados” en Long Island y hay muchas personas que están trabajando, pero aún así necesitan los beneficios de SNAP, o personas discapacitadas que dependen de Medicare o Medicaid.
Una persona se consideraría un cargo público si estos beneficios se recibieran “por encima de ciertos montos de los umbrales definidos o por un periodo de tiempo extendido,” según los funcionarios del DHS.
El comunicado de prensa continúa diciendo que la determinación de inadmisibilidad también tomará en consideración el posible uso futuro de los beneficios públicos descalificadores, basados en la totalidad de las circunstancias, que incluyen “factores requeridos por ley, tales como edad, salud, estado familiar, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades.”
La directora ejecutiva de SEPA Mujer, Martha Maffei, comentó que si esta propuesta se confirma, contribuiría a que los inmigrantes vivan con temor y se oculten aún más.
Agregó que los inmigrantes con bajos ingresos contribuyen a la sociedad y no deberían ser castigados cuando buscan ajustar su estatus para vivir en los Estados Unidos de manera permanente al hacerlos que “elijan entre necesidades básicas como comida o atención médica y tener la opción de ajustar su estatus.”
Tanto Keshner como Maffei dijeron que si se confirma, esta normativa solo crearía más problemas, como desamparo y gente sin hogar, malnutrición y desestabilización familiar.
Recientes informes indican que cientos de miles de personas en todo el país se han retirado del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por su nombre en inglés) en el último año, a pesar de que este no es un beneficio que se verá afectado y no aún no hay un fallo oficial sobre los beneficios públicos.
Localmente, los defensores dijeron que los inmigrantes documentados e indocumentados “están atemorizdos y confundidos” y han comenzado a escuchar noticias de personas que han abandonado los diferentes programas de asistencia pública.
“Entendemos que es aterrador,” comentó Keshner. “Pero por favor no se asusten, no se retiren de los servicios que sus hijos y familia necesitan y asegúrense de obtener información precisa y confiable.”
Añadió que hay “mucha información errónea y rumores en la calle y no queremos que la gente crea lo primero que escuchan.”