Los legisladores estatales celebrarán una audiencia pública en Long Island el 14 de febrero, sobre el plan del gobierno federal de permitir la exploración de petróleo y gas natural en alta mar en las aguas frente a la costa de Nueva York.
La audiencia de la Asamblea del Estado en Long Island tendrá lugar el día antes de la audiencia pública programada en Albany por el Departamento del Interior federal sobre su polémico plan de permitir la perforación en busca de petróleo y gas en más del 90 por ciento de la plataforma continental exterior del país. La audiencia federal en el Hilton de Albany el 15 de febrero, es la única audiencia programada en Nueva York, un hecho que fue criticado por el representante Lee Zeldin (representante republicano de Shirley), quien llamó al secretario del interior, Ryan Zinke, el viernes para que se celebrara una audiencia en Long Island.
También se ha programado una audiencia federal para el 13 de febrero en Hartford. Los comentarios por escrito sobre el plan pueden ser enviarse online (página en inglés). Zeldin, además, pidió a Zinke que ampliara el límite para enviar los comentarios por escrito.
“La reciente decisión de expandir la perforación en alta mar por la administración de Trump tiene el potencial de tener un enorme impacto en la costa de Nueva York,” dijo el asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación de la Asamblea y uno de los miembros de un panel de tres personas que llevarán a cabo la audiencia en Long Island.
“Necesitamos escuchar de las personas y empresas sobre cómo esto puede afectarles y tiene que ocurrir en un lugar que sea cercano donde esta actividad se llevaría a cabo,” comentó Englebright, demócrata de East Setauket que representa la Asamblea Estatal del distrito cuatro en el condado de Suffolk.
“La perforación para buscar petróleo en la costa de Nueva York puede afectar la calidad del agua, la vida marina, las actividades recreativas, el valor de la tierra y la gestión costera,” dijo Englebright. “Además necesitamos pensar sobre lo que significaría un derrame de petróleo potencial para la región. Estoy a la espera de escuchar una revisión completa de aquellos que se verán más afectados.”
La audiencia se enfocará en cómo la perforación para buscar petróleo y gas afectará la calidad del agua, la gestión costera, la pesca y la posibilidad de mayores derrames de petróleo y contaminación si se permite ese tipo de perforación, según se informó en un comunicado de la prensa que emitió la oficina de Englebright.
La audiencia de la Asamblea tendrá lugar en el auditorio legislativo del edificio William H. Rogers, en el 725 de Veterans Memorial Highway, en Smithtown el 14 de febrero a las 10 a.m.
Los presidentes de la Agencia de Protección del Estrecho de Long Island de la Asamblea y la Comisión sobre Sustancias Tóxicas y Desechos Peligrosos escucharán los testimonios junto con Englebright.
El Departamento del Interior anunció el 4 de enero un plan para permitir la exploración en alta mar en busca de petróleo y gas así como la perforación, en casi todas las aguas territoriales de los Estados Unidos, excepto dentro del área costera de 25 milla náuticas. Implementa una orden ejecutiva firmada en abril por el presidente Donald Trump que exige al país ampliar su exploración de energía nacional. Actualmente, alrededor del 94 por ciento de la plataforma continental externa está fuera de los límites para la perforación en busca de combustibles bajo la normativa adoptada el año pasado por la administración de Obama. El plan es aclamado por los funcionarios federales como “avanzar en el objetivo de trasladar a los Estados Unidos de simplemente aspirar a un independencia energética a alcanzar el dominio energético.”
Respaldado con entusiasmo por la industria energética, el plan preliminar atrajo una oposición rápida y universal por parte de los gobernadores de estados por toda la costa este, incluyendo al gobernador Andrew Cuomo, que calificó el plan como “otro asalto federal más a nuestro medio ambiente.”
El plan ha sido condenado por los legisladores federales y estatales de Long Island, por los funcionarios locales electos y los defensores del medio ambiente.