Una orden ejecutiva de 2012 que obliga a agencias del condado a ofrecer servicios de acceso al lenguaje para personas con dominio limitado del inglés, podría muy pronto ser codificada a ley si un proyecto de ley, patrocinado por la legisladora del condado Mónica Martínez (representante demócrata de Brentwood), se aprueba la próxima semana en una reunión legislativa en Riverhead.
La intención del proyecto de ley, titulado “Una ley local para asegurar asistencia lingüística para el público,” es reconocer que el dominio limitado del inglés “puede ser un obstaculo sustancial” para residentes que busquen acceso a la información del gobierno, programas y servicios, y que es de interés para todos los residentes del condado garantizar y mejorar el acceso al idioma.
Los defensores del acceso al lenguaje dicen que una falta de interpretación y traducción de los servicios para residentes con dominio limitado del inglés en el condado de Suffolk, es un problema que no solo impide a las personas recibir información importante en situaciones de emergencia, poniéndolos en riesgo, algunas veces incluso representando la diferencia entre la vida y la muerte, si no que también afecta a la población al completo.
“Implementar un acceso al lenguaje efectivo y significativo ayuda a todo el mundo,” dijo Cheryl Keshner, coordinadora de Coalición de Defensores del Lenguaje en Long Island (LILAC, por sus siglas en inglés), así como asistente legal y abogada de Empire Justice.
“Si alguien quiere un informar sobre un crimen y no puede hacerlo, o si alguien está cuidando a otra personas con una emergencia médica y no puede ayudar, nos afecta a todos,” dijo.
Después de que Marcelo Lucero fuera asesinado en 2008 por un grupo de adolescentes en Patchogue que habían golpeado y acosado a Lucero y a otros repetidas veces, los defensores de inmigrantes dijeron que las víctimas habían intentado denunciar sobre los crímenes de odio a la policía varias veces, pero se encontraban con la barrera del idioma.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tras una investigación, encontró que el Departamento de Policía del condado de Suffolk no cumplía con el Título VI de la ley de los Derechos Civiles de 1964, que estipula que las que reciben fondos federales tiene prohibido discriminar a las personas basado en su raza, color o nacionalidad de origen. La agencia federal descubrió que el condado tenía graves deficiencias en los servicios que debían ser corregidas.
Entre ellas, el acceso al idioma y la competencia cultural se destacaron específicamente como cruciales para mejorar las relaciones con la comunidad, dijo Keshner. El Departamento de Justicia firmó un acuerdo en 2011 con el Departamento de Policía del condado de Suffolk que, entre otras cosas, ordenó la traducción de documentos vitales, la traducción de la página web, servicios de interpretación y otros servicios de acceso al lenguaje así como programa para residentes con dominio limitado del inglés.
La falta de servicios de interpretación y traducción también se evidenció durante y después del huracán Sandy, cuando se produjeron muchos problemas a causa de la falta de acceso al idioma, explicó Keshner.
En noviembre de 2012, el ejecutivo del condado Steve Bellone firmó la Orden Ejecutiva 10 obligando a las agencias del condado a proporcionar servicios de asistencia al lenguaje. Fue algo notable en ese momento, luego de la polémica gestión de su antecesor Steve Levy, que según los defensores de los inmigrantes estaba plagada de crímenes de odio y retórica nativista.
“Levy estaba alimentando mucho el odio y lo que Bellone quería hacer era dejar saber a todo el mundo que somos un lugar acogedor,” comentó Keshner.
La orden ejecutiva de 2012 obliga a todas las agencias ejecutivas del gobierno del condado a seguir las políticas estatales y federales ya vigentes y “proporcionen servicios públicos directos para ofrecer servicios de asistencia lingüística (traducción e interpretación) a las personas con dominio limitado del inglés.”
“El gobierno del condado de Suffolk está aquí para servir a todos nuestros residentes,” dijo Bellone en aquel momento.
Martínez, quien está de acuerdo, se reunió esta semana con diferentes organizaciones e individuos que forman parte de LILAC y cuyos defensores están preocupados sobre “desigualdades y problemas en el sistema que crean barreras para un acceso significativo.”
“Estoy orgullosa de trabajar junto a grupos comunitarios y defensores de acceso al idioma para avanzar en esta importante legislación que garantizará una mejor prestación de servicios para TODOS los residentes, particularmente en momentos de crisis, como desastres naturales,” dijo Martínez.
Keshner señaló que, a pesar de que ha habido una mejora desde que Bellone firmara la orden ejecutiva, todavía hay un largo camino que recorrer.
“Todavía hay muchas carencias,” dijo. “Al codificar la orden esto se convertirá en una ley del condado permanente y se expandirá para cubrir más departamentos, no sólo aquellos bajo la autoridad del ejecutivo del condado, sino también divisiones del condado y otros departamentos y servicios como el departamento del sheriff, entre otros.”
“Ayudaría a unificar [la manera] en que se ofrecen estos servicios en todo el condado,” añadió Keshner.
El legislador Al Krupski (representante demócrata de Cutchogue) dijo que, aunque cree que la propuesta de Martínez es “una buena idea,” es necesario que haya una determinación para saber “que nivel de interpretación y traducción es necesario, así como los recursos, para implementarlo efectivamente.”
Según la orden ejecutiva, el acceso al lenguaje está basado en datos del censo, que determina qué seis lenguajes a parte del inglés son los más usados, y busca proporcionar a los residentes con dominio limitado del inglés, así como a otros con discapacidades lingüísticas, servicios de traducción e interpretación en las agencias del condado.
La traducción e interpretación no necesariamente quiere decir tener a alguien cara a cara, sino más bien tener acceso a un sistema de interpretación telefónica, minicom, documentos traducidos en al menos seis idiomas, entre otros recursos, explicó Keshner.
Un condado lingüísticamente diverso, alrededor del 20 por ciento de los residentes de Suffolk hablan un idioma distinto al inglés en sus hogares y sobre el 10 por ciento son residentes con un dominio limitado del inglés, según informó LILAC.
Martínez aseguró que su propuesta codificaría las políticas federales y estatales ya establecidas y las haría cumplir.
“Si recibes fondos federales, tienes que cumplir la ley de acuerdo con las ordenes ejecutivas del condado, estatales y federales,” dijo la directora ejecutiva de SEPA Mujer (Progreso para la Mujer), Martha Maffei.
La orden ejecutiva presidencial 13166, firmada en el año 2000, dice que las agencias financiadas por el gobierno federal deben garantizar, y tomar medidas si es necesario, para asegurar que los individuos con un dominio limitado del inglés tengan un acceso significativo a los programas y servicios dirigidos por el gobierno federal.
Diseñada para hacer cumplir— e implementar—el Título VI, la orden ejecutiva 13166 también exige que cada agencia financiada por el gobierno federal proporcione un plan para ofrecer ese acceso.
Para asistir a las agencias federales a llevar a cabo sus responsabilidades, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un Documento de Orientación sobre Políticas en 2002 que explica los estándares de cumplimiento que los beneficiarios de la asistencia financiera federal deben seguir para garantizar que los programas y actividades usualmente ofrecidos en inglés sean accesibles a las personas con dominio limitado del inglés y que no se discrimine.
“Es una responsabilidad del gobierno salvaguardar a todos los residentes y asegurarse de que su bienestar esté protegido,” dijo Martínez.
Y tener, o no tener, ese acceso es crucial algo que la residente de Riverhead Rosa García* experimentó de primera mano
Durante el otoño del año pasado, deprimida y embarazada con el hijo de su acosador sexual en el lugar de trabajo, García había convencido finalmente a su amiga, quien también conocía al hombre, a concertar una reunión con él en una zona pública de estacionamiento.
La idea era llamar a la policía tan pronto apareciera, y denunciar el acoso.
Cuando el hombre llegó con su automóvil, Rosa llamó a la policía. Ella pidió por alguien que hablara español, pero no había nadie disponible en ese momento, dijo. Su hija, que entonces tenía 10 años, se encontraba sentada en el asiento trasero, y le dijo a su madre que ella podía transmitir su mensaje en inglés.
Sin embargo, debido a la naturaleza del asunto que Rosa quería denunciar, no creía que fuera apropiado que su hija tradujera, y tan solo le dijo a su hija que había un hombre en esa ubicación que no estaba tratando bien a las mujeres.
El despachador solicitó el número de placa del hombre y la hija de Rosa se lo proporcionó. Unos minutos después llegó una patrulla de la policía, pero al verlo, el hombre se marchó. La policía, dijo Rosa, siguió y detuvo al hombre, y después de unas cuantas preguntas, lo dejó ir. Nunca contactaron con ella o hablaron con ella.
Posteriormente, el hombre llamó a su amiga y le dijo que las dos estaban siendo muy “estupidas” pensando que la policía las escucharía cuando ni siquiera podían comunicarse con nadie. Él dijo que le había mencionado a la policía que las mujeres que habían llamado trabajaban con él y la niña tan solo estaba gastando una broma, le dijo su amiga a Rosa. El hombre le dijo a la amiga que el policía no le cuestionó su historia y que incluso bromeó con él al respecto.
Madre de dos hijos y soltera, Rosa había estado trabajando para este hombre haciendo trabajos de jardinería, y aunque estaba siendo acosada sexualmente, ella dependía del trabajado para costearse las necesidades más básicas para ella y sus hijos: comida, arriendo y gasolina.
El acoso empezó desde el primer día. Él le ofrecía dinero a cambio de sexo casi a diario, trataba de besarla, hablaba de su destreza sexual, llamaba a otras mujeres por teléfono y las ponía en altavoz para dejar saber a Rosa que tenía múltiples amantes a las que pagaba (y que engañaba, incluyendo a su esposa) y que ella debería convertirse en una de sus amantes también. Después de meses de recibir este trato, en un día particular en que Rosa atravesaba una situación extremadamente difícil, cansada y emocionalmente agotada de las insinuaciones del hombre, ella decidió decirle que si y solo “dejar que lo hiciera, y así pararía.”
“Me sentía como lo peor de lo peor, mi autoestima estaba por los suelos,” dijo. “Después de ese día no pude volver al trabajo y verlo, incluso si eso significaba no tener dinero.”
Y sin Rosa saberlo, esa única vez que tuvo relaciones con su acosador, quedó embarazada.
Rosa cayó en una profunda depresión y no acudió al médico hasta que estaba de ocho meses y medio, pues se sentía “enferma.”
Le diagnósticaron preeclampsia, una condición que ocurre a algunas mujeres durante el embarazo caracterizada por una presión arterial elevada y signos de daños a ciertos órganos. Además tenía pensamientos suicidas.
“Me preguntaron y yo les conté,” explicó. “Sería mejor si Dios no me dejara vivir más, recé para que así fuera.”
Gracias a los interpretes de la clínica a la que acudió, pudieron determinar que necesitaba un cuidado de salud mental y la remitieron al hospital de Stony Brook, donde vio a un trabajador social y otros asistentes que la evaluaron. También le explicaron todas las opciones que tenía a su alcance, incluida la adopción, y lo que podría pasar una vez que tuviera al bebé.
“Me sentí aliviada de poder hablar con alguien,” comentó Rosa. “Fue muy duro dar el bebé en adopción, pero me sentía tan culpable e incapaz de cuidarlo sin recursos económicos para proveer de una persona más,” dijo, con la voz rota y la lágrimas recorriéndole las mejillas.
Situaciones como la de Rosa no son infrecuentes, dijo Maffei. “Muchas [mujeres] en nuestra comunidad son vulnerables y es la responsabilidad del gobierno de garantizar que sus derechos no sean violados,” dijo.
Hoy en día Rosa se encuentra en un lugar mejor, explicó. Todavía sigue intentando sobrellevar los eventos de los últimos meses, pero dice que desea haber podido denunciar a su acosador.
“Estaba determinada en hacerlo entonces. Solo necesitaba a alguien que me tradujera,” dijo.
*Nota del Editor: A petición de ella, el nombre real de Rosa García no ha sido publicado para proteger su anonimato.