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El autobús ‘TPS Jornada por la Justicia’ hará una parada en Riverhead el domingo

Foto de cortesía

El autobús “TPS Jornada por la Justicia” hará una parada este domingo en Riverhead.

El bus, que transporta a un grupo de aproximadamente 50 inmigrantes, sus familiares y defensores de los derechos civiles, han estado recorriendo todo el país haciendo campaña a favor de aprobar la residencia permanente a las personas que viven en los Estados Unidos bajo el estatus migratorio de Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status o TPS, por sus siglas en inglés.)

La gira comenzó en Los Angeles el 17 de agosto y fue organizada por la Alianza Nacional TPS — un grupo que comprende más de 10 organizaciones nacionales sin ánimo de lucro, así como 40 comités en todo Estados Unidos. La alianza aboga por una legislación que proteja a los beneficiarios de TPS, cuyo estatus está en peligro desde que la administración de Trump finalizara el programa el año pasado.

El miércoles por la noche, un juez federal de California otorgó un recurso judicial preliminar en una demanda colectiva presentada en marzo por TPsianos y sus familias. El fallo suspende la orden de la administración de cancelar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán mientras el caso está en litigio.

“Yo estoy tomando esta noticia con mucha cautela,” dijo el coordinador de Riverhead del Comité de Alianza Nacional de TPS Miguel Flores, un residente de East Quogue. “Hay países que no están incluídos en esta decisión y todavía no hay nada claro.”

Uno de los comités de la Alianza Nacional TPS tiene sede en Riverhead y representa a los inmigrantes con TPS que viven en el East End, hogar de una gran cantidad de personas de El Salvador, y otros países de América Central y del Sur.

Según Flores el propósito de “TPS Jornada por la Justicia” es crear conciencia a nivel local sobre este tema para llevar a cada ciudad en la que se detienen, aproximadamente 40 en total, “una muestra de los beneficiarios de TPS de todo Estados Unidos” para que las personas puedan ver que son personas “reales, buenas, trabajadoras, cuyas familias se han visto permanentemente afectadas, incluso separadas.”

A lo largo del recorrido, diferentes beneficiarios de TPS de varios estados han subido y bajado del autobús.

“No somos criminales, hemos estado viviendo en los Estados Unidos durante décadas y para poder hacerlo no podemos tener un historial [criminal]. Somos dueños de negocios, tenemos familias. Consideramos que las comunidades de todo Estados Unidos, especialmente las personas blancas, deberían saber que somo buenas personas y miembros contribuyentes de la sociedad,” dijo Flores.

Flores emigró de El Salvador en 1999. Mencionó que las condiciones en su país lo obligaron a emigrar y eligió los Estados unidos porque lo veía como una “tierra de oportunidades.”

Aplicó al programa de TPS — un programa humanitario en el que se les otorgaba a los inmigrantes permisos de trabajo y protección contra la deportación debido a desastres naturales, guerras y otras condiciones en sus países de origen que les impedía regresar allí de manera segura. Gracias al programa, Flores pudo obtener su permiso de trabajo y licencia de conducir en los Estados Unidos.

Durante casi dos décadas, Flores ha mantenido un estatus legal a través del programa TPS, que ha tenido que renovar cada 18 meses. En cada renovación, se le tomaron las huellas dactilares para verificar sus antecedentes penales con las base de datos del FBI y establecer que ha mantenido un historial criminal limpio.

Dijo que la cancelación del programa TPS le afectará gravemente y esto lo llevó a unirse a la Alianza Nacional TPS, porque “cree en su misión.”

Flores mencionó que ha estado empleado durante varios años en una “compañía de alto nivel, muy prestigiosa” en el East End y una vez que pierda su estatus, tendrá que dejar su trabajo. También perderá su seguro de salud cuando eso ocurra. Añadió que ha pagado impuestos durante todo este tiempo y ha ahorrado para su jubilación en los Estados Unidos. Su licencia de conducir también expirará pronto.

Miguel Flores, coordinador del comité de Riverhead de la Alianza Nacional TPS

“Me están obligando a convertirme en uno más de los millones de personas que viven indocumentadas aquí,” dijo. “Es inhumano, injusto, lo perderé todo y no está bien. He seguido todas las reglas, aprendí a amar a este país a viví mi vida lo mejor que pude.”

El domingo, Flores se convertirá en uno de los viajeros de “TPS Jornada por la Justicia,” cuando suba al autobús y contará su historia a personas de todas partes desde aquí hasta Michigan, donde dejará el recorrido el 14 de octubre y regresará a casa.

El proyecto ha sido financiado por organizaciones nacionales y locales, así como ciudadanos privados, que han proporcionado alojamiento, comida, gasolina y han coordinado eventos a lo largo del camino.

Una de las organizaciones locales que apoyan la iniciativa es el Apostolado Hispano del North Fork, que está invitando a la comunidad a participar el domingo y ofrecerá almuerzo para todos. Según los organizadores, también están programadas otras actividades, como una rifa.

El autobús llegará a Riverhead a la 1 pm. del domingo, según la información proporcionada por los organizadores, y se estacionará en 546 St. John’s Palce, justo al lado de la iglesia de St. John’s Church, durante aproximadamente dos a tres horas.

“Esta es una oportunidad para que la gente conozca lo que es el TPS,” dijo la directora del Apostolado Hispano del North Fork, la hermana Margaret Smyth. “También es una oportunidad para aprender sobre las acciones que se pueden tomar para ayudar a que alguien con TPS adquiera residencia permanente.”

Según el Centro de Estudios de Migración, hay 26,000 beneficiarios titulares de TPS en todo Nueva York, uno de los seis estados en los Estados Unidos con mayor población de TPS.

El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional decidió no renovar el programa, vigente durante décadas, que afectaría a los beneficiarios de TPS procedentes de 13 países, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Honduras, Sudán y Haití. El gobierno argumentó entonces que las condiciones que sirvieron de base para el programa ya no son aplicables.

Tan solo en Long Island, cerca de 14,700 titulares de TPS salvadoreños se verán afectados, según un análisis del Departamento de Desarrollo Económico y Planificación de Suffolk citaddo en una carta de enero de 2018 a los miembros del Congreso de parte del ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone y la ejecutiva del condado de Nassau Laura Curran.

Los ejecutivos del condado advirtieron a los miembros del Congreso que “la decisión respecto al TPS podría resultar en un golpe económico masivo para Long Island,” señalando una estimación en el análisis que “muestra una reducción de $1.4 mil millones en producción económica, $395 millones en ganancias reducidas, una pérdida potencial de casi 13,500 empleados y un impacto de $860 millones de reducción en el Producto Interior Bruto.”

En la decisión del miércoles por la noche de suspender la orden de cancelar el TPS para ciertos países, el juez del distrito de los Estados Unidos, Edward Chen, en una decisión que consta de 43 páginas, dijo que los demandantes “plantearon serias dudas” sobre si las acciones de la agencia de seguridad nacional al cancelar el programa estaban siendo “influenciados por la Casa Blanca y basadas en hostilidad contra inmigrantes no blanco o no europeos, en violación de la Protección Igualitaria garantizada por la Constitución.”

“El balance de las dificultades… se inclina fuertemente en favor de los beneficiarios de TPS y sus familias. Y los demandantes han demostrado sustancialmente los méritos de sus reclamos, tanto sobre los hechos como sobre la ley,” dictaminó el juez.

“Los problemas son al menos lo suficientemente graves como para preservar el status quo” y mantener el programa hasta que el caso se resuelva, según la orden.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado el miércoles por la noche que “rechaza completamente la idea de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron indebido. Continuaremos la lucha por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional.” El Departamento de Justicia añadió que la decisión “usurpa el papel del poder ejecutivo en nuestro orden constitucional.” No está claro si la administración apelará la decisión.

Se espera que el autobús llegue a Brentwood el sábado y luego continúa hasta Riverhead el domingo. A partir de ahí, se detendrá en Setauket y Manhattan, para luego procederá en su recorrido interestatal, con una parada final en Washington D.C el 9 de noviembre.

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Maria Piedrabuena
María del Mar es editora y reportera multimedia de RiverheadLOCAL en Español y ganadora de varios premios por su trabajo periodístico. Ha trabajado para varios medios de comunicación, incluyendo News12 y la revista Fortune. Se graduó de la Universidad Stony Brook con títulos en periodismo y estudios de género. Correo electrónico Maria.