Residentes locales, defensores de inmigrantes y líderes de la comunidad han viajado hasta Washington D.C. la semana pasada para unirse a las miles de personas que se concentraron para exigir al Congreso que apruebe un propuesta de ley llamada “Clean DREAM Act” y que mantenga el Temporary Protected Status (Estatus de Protección Temporal—TPS, por sus siglas en inglés) para miles de inmigrantes antes que el Congreso entre en receso por Navidad.
SEPA Mujer, una organización sin ánimo de lucro que empodera a la mujer latina en Long Island, junto con la Coalición de Inmigración de Nueva York, organizaron varios autobuses que trasladaron a residentes locales hasta la capital de la nación.
“Ésta es una crisis humanitaria y la gente no se da cuenta,” dijo Edgar Samudio, miembro de Defensores de Estudiantes Inmigrantes de Long Island.
Varios aliados de inmigrantes, incluidos Long Island Jobs with Justice, SEPA Mujer y diversas congregaciones religiosas, también presentaron 1.000 cartas firmadas a la oficina del congresista Lee Zeldin de parte de sus votantes ayer en apoyo a al DREAM Act. Si se aprueba, la legislación podría proporcionar una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.
“Hasta el momento, los representantes en el Congreso de Long Island, Gregory Meeks, Kathleen Rice, Tom Suozzi y Peter King, todos apoyan el DREAM Act,” dijo en un comunicado Richard Koubek, coordinador de promoción comunitaria de Long Island Jobs with Justice. “Mientras el congresista Lee Zeldin ha escrito que prefiere que las personas entren en el país ‘legalmente’, no ha dejado claro cuál es su postura sobre el DREAM Act.”
“Hemos hecho varios intentos de reunirnos con él pero no hemos obtenido respuesta,” añadió Koubek. “Su recepcionista intervino personalmente ayer y nos dijo que se aseguraría de conseguirnos una reunión con él. Mientras tanto, un colaborador informó a un miembro de nuestro equipo que el congresista Zeldin quiere hacer algo para los destinatarios de DACA. Esperamos saber pronto de qué se trata.”
Zeldin no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios antes de la publicación de éste artículo.
“Hay miles de personas que están esperando para ser miembros de pleno derecho de la sociedad y prestar servicio y ayudar a éste país a crecer,” dijo Samudio. “Ahora mismo, no existe una solución legislativa, y lo necesitamos.”
Samudio, un residente indocumentado de Riverhead quien emigró a los Estados Unidos con sus padres cuando él tenía 13 años, se graduó de la Escuela Secundaria de Riverhead y recibió una beca completa por mérito académico gracias a sus altas calificaciones. El pasado mayo se graduó con una licenciatura en Informática de la Universidad de Stony Brook.
Desde entonces, Samudio, que se considera completamente estadounidense, defiende y ayuda a jóvenes estudiantes locales a perseguir su sueño de una educación superior.
“Soy estadounidense. Me he integrado completamente a éste país. Hablo inglés más que español, conozco las tradiciones y la cultura de los Estados Unidos, y para ser sincero, no sé, ni recuerdo mucho de Costa Rica, donde nací,” dijo Samudio.
Samudio comentó que él no era elegible para solicitar al programa Deferred Action for Chilhood Arrivals (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia—DACA, por sus siglas en inglés,)—una orden ejecutiva de 2012 emitida por el anterior presidente Barack Obama, para diferir la deportación de jóvenes indocumentados que cumplían un criterio específico en cuanto a edad actual, edad cuando llegaron al país, educación o servicio militar y no tener antecedentes penales—pues él llegó en el 2008 y el DACA tenía un límite de entrada hasta el 2007 en los requisitos de las solicitudes.
“No tiene ningún sentido expulsar a jóvenes con talento, quienes, a todos los efectos, son estadounidenses,” dijo Obama en su anuncio del programa en el Rose Garden. “Ellos se han criado como estadounidenses, se consideran como parte de éste país.” También dijo en aquel entonces que el programa fue creado con la intención de ser una medida temporal y que se estableció para brindar alivio a los Dreamers mientras el Congreso actuaba.
Los defensores de inmigrantes y aliados , al igual que Obama, afirman que DACA siempre ha sido una solución temporal, y es por eso que ahora abogan por legislación más permanente. La orden ejecutiva, que fue un alivio para mucho ya que les cambió la vida, finalizará el 5 de marzo de 2018 y dejará a miles de beneficiarios sin un estatus y vulnerables a una deportación una vez que sus autorizaciones de trabajo expiren.
“Tengo amigos ahora mismo con DACA, uno en la escuela de derecho, otro trabajando para un asambleísta, que podrían perder sus trabajos,” dijo Dulce Rojas, organizadora comunitaria de SEPA Mujer. “Básicamente tendrán que detenerlo todo si las cosas no cambian.
“Estamos abogando para que el Congreso apruebe una ley DREAM limpia,” dijo Rojas. “Una ley, no sujeta a ningún proyecto de ley, que sea completa y que no esté gravada por un límite de edad u otras condiciones, pero que además no esté relacionada a otras provisiones ejecutivas, como por ejemplo, tener más controles fronterizos.”
El DREAM Act se introdujo por primera vez en 2001, pero el Congreso no ha aprobado ninguna de las decenas de versiones diferentes que se han presentado a lo largo de los años. La última versión, presentada a principios de éste año por la senadora republicana Lindsey Graham y el senador demócrata Dick Durbin, es un impulso bipartidista al que Graham califica como “una decisión casi moral” de resolver la situación de miles, si no millones, de Dreamers que han estado esperando durante años bajo un estatus de inmigración nada claro.
Rojas comentó que esto es ahora un limbo de inmigración que incluye ahora también a los titulares de TPS.
“Muchas personas están en peligro, no sólo la gente de DACA,” dijo.
El mes pasado, la administración de Trump acabó con el TPS para miles de haitianos y nicaragüenses, un programa humanitario donde los inmigrantes eran exentos de ser deportados debido a que eran personas huyendo de desastres naturales, guerra y otras condiciones y no podían regresar a sus países de manera segura. Como requisito, los titulares del TPS debían renovar sus permisos cada 18 meses y no pueden tener antedecentes penales.
“Los titulares de TPS han estado viviendo legalmente en los Estados Unidos durante mucho tiempo,” explicó Rojas. “¿Puedes imaginarte vivir aquí por 15 o 20 años? y que de repente…’entrégueme su licencia, su casa, su trabajo y márchese.’ Eso no es realista.
“Las personas con TPS se han casado aquí, han tenido hijos, muchos de ellos en la universidad, abrieron negocios… han hecho sus vidas por completo aquí,” dijo Rojas.
Un análisis realizado por el Departamento de Desarrollo Económico y Planificación del condado de Suffolk estima que el condado de Suffolk podría perder hasta 373 millones de dólares en gasto anual de los residentes si TPS no se renueva, según informó un reporte de Newsday.
Carlos Reyes, un titular de TPS y nativo de El Salvador, llegó por primera vez a los Estados Unidos hace 23 años cuando sólo tenía 16. Ahora es conductor de autobus en el condado de Suffolk. Reyes recuerda la terrible situación cuando escapó de su país y emigró a los Estados Unidos.
“Mi país estaba en guerra. No había ninguna esperanza,” dijo. “Como adolescente, admiraba a los Estados Unidos como la tierra de los sueños y oportunidades, y ese sueño se cumplió cuando pude venir aquí y al comprar mi casa, tener licencia, convertirme en estadounidense en todo menos en estatus.”
Los defensores de inmigrantes locales también argumentan que la situación en muchos de éstos países no ha mejorado, y que la pobreza, la falta de infraestructura, la violencia de pandillas y otros problemas todavía afectan a estos países de manera significativa.
“Yo entiendo que el TPS siempre fue una protección temporal,” dijo Reyes. “Pero, ¿cómo puedo volver a El Salvador? Ya no conozco a ése país, mi vida está aquí. Es un asunto de vida o muerte para las personas como yo que no saben como vivir en un país que está dominado por la violencia y las pandillas.”
Con el aumento de arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados por la administración de Trump, muchos de los que estuvieron previamente documentados y no tienen antecedentes penales, como Reyes, ahora se enfrentan al mismo riesgo potencial cuando pierdan su estatus.
Según un reporte publicado ésta semana por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), los agentes ICE hicieron 143.470 arrestos éste año, incluyendo a personas que no tenían ninguna condena penal en su historial criminal, lo que supone un aumento del 30 por ciento comparado al año fiscal anterior, cuando se realizaron 114.434 arrestos.
Otros 200.000 titulares de TPS de El Salvador pueden estar también en riesgo de perder su estatus de protección llegado enero, si el Departamento de Seguridad Nacional (conocido en inglés como Homeland Security Department) decide finalizar el programa para ellos también.
“Los conservadores carecen de información sobre nosotros, confundiéndonos con criminales relacionados con pandillas,” dijo Reyes. “Los conservadores siempre hablan sobre ser ciudadanos responsables que aman los Estados Unidos y que tienen altos estándares morales. Bueno, no hay un estándar más alto que los establecidos por Dreamers y titulares de TPS.”
Otros personas, igual que Reyes, creen que los titulares TPS, como los destinatarios de DACA, deberían tener una vía legal hacia la residencia permanente, argumentando que ya cumplen muchos de los requisitos exigidos por los intransigentes de inmigración.
“Hemos estado aquí por más de 20 años, sin antecedentes penales, hay que tomarse las huellas digitales casi cada dos años para esto, hemos estado pagando impuestos durante décadas, contribuimos a la economía, tenemos trabajos establecidos y profesiones y nos hemos arraigado, somos dueños de viviendas, tenemos familias e hijos que aman éste país, somos responsables y trabajadores… ¿Qué más tenemos que demostrar?”