La próxima vez que LIPA solicite un aumento de tarifas a la Comisión de Servicios Públicos del Estado, el contratista que gestiona el sistema de suministros tendrá que divulgar su salario, incluyendo los salarios de sus directivos, así como los honorarios pagados a los contratistas y consultores.
Un proyecto de ley que exige la divulgación, patrocinado por el senador estatal Ken LaValle y el asambleísta Fred Thiele, fue confimardo como ley la semana pasada por el Gobernador Andrew Cuomo. LaValle y Thiele presentaron el proyecto de ley después de que PSEG-LI, el contratista que gestiona el sistema de LIPA en virtud de un contrato de 12 años firmado en 2013, se negara a revelar las compensaciones salariales ejecutivas de 18 funcionarios con altos cargos, alegando que dicha información estaba exenta del escrutinio estatal o divulgación pública bajo la Ley de Reforma de LIPA de 2013.
La nueva ley enmienda la Ley de Reforma de LIPA de 2013, y exige que dicha información esté disponible para escrutinio público en relación con cualquier solicitud de aumento de tarifas. Además, le otorgaría al Departamento de Servicios Público-Long Island (DPS-LI) el derecho de revisar la información y hacer recomendaciones a LIPA sobre la coherencia de dichas compensaciones y los costes.
La Ley de Reforma de LIPA de 2013, promulgada como consecuencia del huracán Sandy, que provocó apagones generalizados y prolongados por todo Long Island y generó una feroz reacción negativa pública y política contra LIPA, concedió autoridad a PSEG-LI para gestionar la operación y mantenimiento del sistema de suministros de Long Island. Además, congeló las tarifas de electricidad durante tres años y por primera vez solicitó al departamento de servicios públicos del estado que revisara los aumentos propuestos de las tarifas de electricidad.
La ley autorizó a DPS-LI para hacer recomendaciones a LIPA sobre peticiones de tarifas, después de un procedimiento tarifario. La junta de administradores de LIPA, compuesta por nueve miembros, tiene la responsabilidad exclusiva de establecer las tarifas eléctricas basadas en las recomendaciones por el DPS, después de un procedimiento tarifario.
El contrato de gestión entre LIPA y PSEG-LI tiene un término de 12 años. PSEG-LI obtuvo alrededor de 58 millones de dólares por la gestión de la red de LIPA y otros 9.2 millones de dólares por alcanzar los objetivos de rendimiento fijados por LIPA, según explicaron LaValle y Thiele.
En marzo de 2015, cuando buscaba un aumento cumulativo de tres años por un importe de 441 millones de dólares, PSEG-LI se negó en hacer público las compensaciones salariales ejecutivas de 18 funcionarios con altos cargos, alegando que dicha información estaba exenta del escrutinio estatal o divulgación pública bajo la Ley de Reforma de LIPA.
“El Departamento de Servicios Públicos dispondrá ahora de las herramientas adecuadas para solicitar correctamente y asegurar la información que está relacionada con el coste de suministrar nuestra energía,” dijo LaValle. “No deberíamos estar pagando salarios ejecutivos inflados y consultores a un alto precio sin escrutinio. Esta ley obliga a LIPA y PSEG-Long Island a cumplir con nuestros requisitos.”
Thiele calificó la enmienda como un “primer paso para restaurar la transparencia y responsabilidad del proceso de fijar las tarifas eléctricas en Long Island.”
LaValle estuvo de acuerdo. Los consumidores que pagan “algunas de las tarifas más altas del país… tienen el derecho a la transparencia total,” dijo. “Nuestras familias merecen saber dónde está gastando LIPA el dinero que tan duramente les ha costado conseguir.”