Un polémico plan presentado por el gobierno federal para abrir el 98 por ciento de la plataforma continental exterior del país para la exploración de petróleo y gas, incluidas las aguas frente la costa de Nueva York, se enfrenta a oposición bipartidista local de funcionarios electos y reacción negativa de defensores medioambientales.
El plan preliminar, anunciado el pasado jueves por el secretario federal de interior Ryan Zincke, es aclamado por funcionarios federales como “avanzar en el objetivo de pasar a los Estados Unidos de simplemente aspirar por la independencia de la energía a obtener el dominio de la energía.”
Permitirá la exploración de petróleo y gas en alta mar en casi todas las aguas territoriales de los Estados Unidos, excepto dentro de la zona costera de 25 millas náuticas. Implementa una orden ejecutiva aprobada por el presidente Donald Trump en abril exigiendo que los Estados Unidos a ampliar la exploración de la energía doméstica. Actualmente, en alrededor del 94 por ciento de la plataforma continental exterior está prohibida la extracción de petróleo y gas bajo las normas adaptadas el año pasado por la administración de Obama.
Respaldado con gran entusiasmo por la industria de la energía, el plan preliminar atrajo una oposición inmediata y generalizada de los gobernadores de estado a lo largo de la Costa Este. La oposición por parte del gobernador de Florida Rick Scott, provocó que la administración de Trump retirara a Florida del plan unos días antes de anunciarlo.
El gobernador Andrew Cuomo la semana pasada calificó el plan como “otro asalto federal más a nuestro medio ambiente” y además dijo que “si Florida obtiene una exención, entonces Nueva York también debería.”
“Nuestra hermosa costa es fundamental para la economía de este estado. Mantiene los casi 350,000 trabajadores y genera mil millones de dólares a través del turismo, pesca y otras industrias,” dijo Cuomo. “El riesgo de un derrame de petróleo es inaceptable.”
Cuomo ha iniciado una petición online (en inglés), para pedir al departamento del interior que exima al estado de Nueva York del plan propuesto.
El representante Lee Zeldin (representate de Shirley) comentó que mientras el apoya “una estrategia energética que asegura la independencia energética estadounidense y reduzca los costes… en Long Island, sin embargo, nuestras vías navegables son nuestra forma de vida, y perforar Long Island es inaceptable y contraproducente para el bienestar de nuestras comunidades.”
El senador estatal Ken LaValle (representante Port Jefferson) también expresó su oposición al plan, citando factores ambos medioambientales y económicos. “Nuestra costa es muy sensible. Tenemos una vida marina sensible. No creo que sea una buena idea para Long Island,” dijo.
“Nuestros pescadores comerciales ya de por si tienen dificultades. Ahora tienen que esquivar molinos de viento, ¿también les vamos a añadir plataformas de petróleo?” se preguntó LaValle.
“Me opongo firmemente a ello,” dijo el supervisor municipal de Southold Scott Russell. “Esto amenaza años de compromiso de restaurar el estrecho de Long Island por las agencias federales, estatales y locales.
“La profanación ambiental de nuestro océano sin duda conducirá a la profanación de nuestras costas. Amenaza la industria pesquera que ya tiene que lugar bajo una regulación innecesaria, regulación que, irónicamente está destinada a proteger los recursos naturales. Todos estos intereses ‘tan bien intencionados’ ya se pueden ir en busca del tesoro,” dijo Russell.
“Nuestras aguas oceánicas no son un área de juegos para las compañías de petróleo y gas, se supone que deben protegerse y preservarse para el público,” comentó Adrienne Esposito, director ejecutivo de Campaña de Ciudadanos por el Medio Ambiente en Farmingdale. “Este es un plan arriesgado que pone los beneficios de compañías energéticas por encima de la protección de nuestros océanos,” dijo. “Long Island es especialmente vulnerable, desde el punto de vista económico y medioambiental, al daño ocasionado por los derrames de petróleo donde el turismo, la industria pesquera, el valor de las propiedades y nuestra calidad de vida están directamente conectadas con el entorno marítimo,” dijo Esposito.
La Asociación Nacional de Industrias Marinas, en un estudio realizado en conjunto con el Instituto Estadounidense del Petróleo, concluyó que los desarrollos de petróleo y gas en alta mar, específicamente en el Atlántico, podrían generar casi 280,000 nuevos trabajos, estimular 195 mil millones de dólares adicionales en nueva inversión privada, contribuir hasta 24 mil millones de dólares por año a la economía de los Estados Unidos, generar 51 mil millones de dólares de nuevos ingresos para el gobierno, y añadir 1.3 millones de barriles de petróleo equivalente por día a la producción de energía doméstica hasta 2035.
Durante una presentación ayer en la Casa Blanca con la primera ministra noruega Erna Solberg, Trump dijo: “Estoy a favor del petróleo masivo, gas masivo y todo lo demás.”
Además de eliminar las restricciones que impuso la administración de Obama sobre la extracción en alta mar, la administración de Trump está eliminando las regulaciones de seguridad para la extracción en alta mar adoptadas después del desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el golfo de México en abril de 2010. La explosión en la plataforma murieron 11 personas y derramó cerca de cinco millones de barriles de petróleo al mar, el peor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.
Las regulaciones de seguridad establecidas por el gobierno federal después del desastre de Deepwater Horizon “crearon una carga innecesaria para los operarios,” según dijo la Agencia de Seguridad y Regulación Medioambiental del Departamento del Interior. Eliminar las regulaciones reducirá los costes de cumplimiento de la industria de al menos 228 millones de dólares por 10 años, dijo la agencia.
“Es hora para un cambio de paradigma en la forma en que regulamos OCS,” dijo el director de la agencia, Scott Angelle, el 28 de diciembre en un comunicado anunciando las nuevas reglas “relajadas”. “Anteriormente, existía una suposición de que únicamente imponiendo más reglas aumentaría la seguridad, pero en última instancia no es una propuesta de si o no. Podemos aumentar la producción de energía doméstica y aumentar la seguridad y la protección del medio ambiente.”
A su vez, el Congreso ha permitido un impuesto que financia los esfuerzos federales de respuesta a derrames de petróleo expire el 1 de enero. El impuesto de 9 por ciento por barril en petróleo doméstico o importado generaba una media de ingresos de 500 millones de dólares al año, según la oficina de cuentas del gobierno. Era la principal fuente de ingresos para el Fondo de Responsabilidad por Derrame de Petróleo, que tenía como objetivo ayudar al gobierno a responder rápidamente a los derrames de petróleo. El fondo actualmente tiene una reserva de 5.7 mil millones de dólares.
