El permiso para proceder con la demanda presentada por una coalición de grupos ambientalistas para detener la venta de Plum Island ha sido concedido.
El juez federal del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Denis Hurley, denegó la semana pasada la moción del gobierno federal para desestimar la demanda, presentada por organizaciones ambientalistas y activistas que buscan una orden judicial para prevenir la venta de la isla hasta que un nuevo estudio del impacto medioambiental se finalice.
Save Sound, Soundkeeper, Peconic Baykeeper y Group for the East End, así como otros tres individuos residentes, demandaron la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional en julio de 2016, para detener la venta planificada de la isla de 840 hectáreas.
Los demandantes argumentan que las agencias violaron la Ley de Política Nacional Medioambiental y otros estatutos federales al sugerir la venta incondicional de Plum Island. Su demanda acusa que el proceso de declaración del impacto medioambiental del gobierno federal fue “fundamentalmente erróneo.”
Los acusados en febrero de 2017 solicitaron desestimar la demanda.
En una decisión por escrito, de 19 páginas y presentada el 11 de enero, el tribunal dictaminó que los demandantes tiene derecho legítimo para interponer la acción y rechazó cada uno de los argumentos que propusieron las agencias para desestimar la demanda.
“Ahora tendremos la oportunidad de presentar nuestro caso completo a los tribunales y solicitar que la venta de la isla se suspenda hasta que las agencias completen una revisión medioambiental adecuada conforme a la ley federal,” dijo Roger Reynolds, oficial jefe de asuntos legales para Save the Sound.