Según un nuevo proyecto de ley, se le exigirá a la Agencia de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) que proteja a los consumidores al considerar cualquier propuesta de aumento de tarifas el PSEG-LI. El proyecto de ley fue presentado en la legislatura estatal por el senador estatal Ken LaValle y el asambleísta Fred Thiele.
LIPA debería “protejer los intereses económicos de sus consumidores y el área de servicio” cuando se considere una propuesta de aumento tarifario, según se detalla en el proyecto de ley. Además evitaría que LIPA aumente las tarifas para compensar las perdidas de ingresos a causa de los esfuerzos de conservación de energía de los contribuyentes, dijeron los legisladores en un comunicado de prensa conjunto.
LIPA contrata al PSEG-LI para gestionar su sistema eléctrico. Conforme a la Ley de Reforma de LIPA adoptada en 2013, que exigía a LIPA que entregara la gestión del sistema a PSEG-LI, los administradores de LIPA deciden si adoptan la propuesta de aumento de tarifas realizada por el contratista. Los administradores toman en consideración las recomendaciones del Departamento de Servicios Públicos del Estado.
Los administradores solo pueden considerar si las recomendaciones del departamento son o no consistentes con los tres parámetros estrechos, comentaron los legisladores. Estos parámetros incluyen “practicas operativas fiscales sólidas,” “obligaciones contractuales existentes,” y “servicio adecuado y seguro.” No les está permitido considerar el impacto económico del aumento de tarifas en los consumidores o en la economía de Long Island.
En 2015, los administradores de la Agencia de Energía de Long Island aprobaron el aumento de tarifas más alto de la historia de la agencia, explicó LaValle y Thiele en su comunicado de prensa. El aumento de tres años, implementado entre 2016 y 2018, resultó en un aumento acumulado de la tarifa del 7.3 por ciento en la parte de entrega de las facturas de LIPA. El aumento tarifario recaudó más de 287 millones de dólares en nuevos ingresos.
LaValle y Thiele dijeron que los tres administradores de LIPA que se negaron a apoyar el aumento de tarifas se quejaron que la ley de reforma de LIPA es “demasiado rígida” y solicitaron a la legislación una enmienda de la ley para otorgar a los administradores de LIPA más poder de decisión en nombre de los consumidores.
Los legisladores del East End mencionaron que el Controlador Estatal, Thomas DiNapoli ha criticado la falta de supervisión regulatoria de LIPA y del PSEG-LI argumentando que, “Estamos preocupados que no hay un escrutinio real de las tarifas propuestas… porque los administradores de LIPA no pueden ser objetivos baja el actual acuerdo.”
“En 2015, las fallas en la Ley de Reforma de LIPA endosaron a los contribuyentes con un aumento de tres años, el más grande en la historia de LIPA. Los administradores de LIPA nos suplicaron que arreglaramos la ley. Debemos hacerlo ahora antes que LIPA y PSEG-LI soliciten otro aumento de tarifas,” dijo Thiele.
“Conforme al proyecto de ley fiscal federal, los [contribuyentes] de Long Island ya se enfrentan a una pérdida económica significativa que le costará a los residentes miles de millones de dólares en impuestos a causa de las deducciones de impuestos sobre la renta. Al mismo tiempo, las compañías de suministros públicos podrán ver una ganancia inesperada gracias a las deducciones de impuestos,” dijo Thiele.
“Los consumidores y contribuyentes son las mismas personas. Es imperativo que la Ley de Reforma de LIPA se enmiende para que así LIPA considere el impacto económico de los aumentos en las tarifas eléctricas,” dijo.
“Además, los consumidores de Long Island trabajan duro para reducir, con éxito, el consumo de energía. Ellos debería obtener el beneficio financiero de sus esfuerzo de conservación y no ser castigados con tarifas más altas,” comentó Thiele.
“Mientras que por un lado hemos estado trabajando para mantener Long Island asequible al implementar medidas como el límite de 2 por ciento en los impuestos de propiedad, por otro está LIPA que aprobó el aumento de tarifas más alto de su historia,” dijo LaValle.
“Más que nunca, es críticamente importante que los impactos financieros en los consumidores se consideren cuando LIPA delibere cualquier aumento en los costes,” dijo.
“Esta medida permitirá un mayor aporte de la comunidad al requerir una audiencia pública cuando considere cambios en las tarifas. Así también, esta legislación proporcionaría a los administradores con las herramientas necesarias para rechazar cualquier aumento tarifario que causarían cargas fiscales adicionales para los consumidores en Long Island,” explicó LaValle.
El mes pasado el gobernador promulgó un proyecto de ley patrocinado por LaValle y Thiele que exigía la divulgación de las compensaciones salariales de los altos ejecutivos de PSEG-LI y todos los honorarios pagados a consultores y contratistas. La nueva ley le otorga facultades al Departamento de Servicios Públicos para revisar y hacer recomendaciones sobre la razonabilidad de esos honorarios y compensaciones. Los legisladores dijeron que ellos insistieron en la ley porque el PSEG-LI se negó a hacer pública esa información. A lo que el PSEG-LI respondió que la información no estaba sujeta a divulgación bajo la Ley de Reforma de LIPA.