El censo de los Estados Unidos en 2020 incluirá una pregunta sobre si las personas son ciudadanas o no, según un memorando emitido ayer por el Secretario de Comercio, Wilbur Ross. Los defensores de los inmigrantes locales se oponen a la directiva, que según dicen “tendrá consecuencias para todos” al desalentar la participación, lo que dará como resultado un conteo inexacto.
La directora ejecutiva de SEPA Mujer, Martha Maffei, cuya organización recibió fondos para ayudar a registrar a los residentes de Suffolk en el censo de 2010 y para educar a las personas sobre la importancia de ser contadas, dijo que ella considera que la decisión será contraproducente.
“Si no se cuenta a todas las personas, significará que las escuelas, las poblaciones y estados perderán recursos y fondos valiosos,” dijo. “Muchas instituciones trabajarán con cifras que no son reales.”
Maffei comentó que ella fue de puerta en puerta durante la campaña del censo de 2010 para educar a la comunidad inmigrante sobre el censo e incluso entonces, dijo que las personas tenían miedo y esto hacía que fuera un trabajo muy difícil contarlos, dijo.
“La gente no quiere abrir las puertas [de sus casas], el miedo era palpable, pensaban que el gobierno les tomaría la información y los reportaría [a la agencia de inmigración], y tuvimos que hacer un trabajo importante para explicar que ese no era el caso,” dijo.
Por ley, la información proporcionada al censo no puede ser compartida con otras agencias, sin embargo, Maffei mencionó que esta decisión solo exacerba los temores de las personas.
“No son solo los inmigrantes indocumentados, sino también las personas que están aquí documentadas las que tienen miedo,” dijo.
También dejó claro que el propósito del censo, que es contar a las personas y proporcionar información general sobre la población que vive en un país, está siendo distorsionado y politizado para atacar a las comunidades que son vulnerables.
“No hay ningún beneficio en hacer esto, ya que sin duda creará una situación en la que no contamos correctamente a la gente y eso significa menos asistencia del gobierno y del sector privado para todos,” dijo.
Ross comentó con respecto a las personas que no responden al censo que “si bien es posible que esta creencia sea cierta, no hay información disponible para determinar el número de personas que de hecho no responderían en el casi que se añada una pregunta sobre la ciudadanía, y nadie ha identificado ningun mecanismo para hacer tal determinación.”
También agregó que ya estuvo incluida una pregunta sobre la ciudadanía hasta 1950 y que los datos que proporciona esa pregunta especificamente son mayores que las preocupaciones que surjan al respecto.
Varios fiscales generales, incluidos el de Nueva York y California, así como otros defensores de los derechos civiles y opositores a esta decisión, dicen que las áreas de mayor población inmigrante se verán afectadas muy negativamente.
El congresista Lee Zeldin (representante republicano de Shirley) está de acuerdo con Ross y, en respuesta a un mensaje publicado en Twitter por el fiscal general de California, Xavier Becerra, en el que anunciaba la presentación de una demanda contra la administración del gobierno federal, Zeldin dijo que “no es ilegal preguntar a un ‘ilegal’ si se encuentran en los Estados Unidos legalmente” y que “tal vez el fiscal general de California encuentre a un juez activista en alguna parte del sistema judicial que esté de acuerdo con esta ridícula demanda.”
Por su parte, Maffei dijo que esta decisión se sentía como una amenaza y que la retórica utilizada por los conservadores perjudicaba al país.
“La Constitución exige [que se realice] un recuento exacto de las personas, esta es la responsabilidad de nuestro gobierno, no infundir miedo, debemos recordar eso,” dijo.