Defensores de inmigrantes se reunieron el miércoles por la tarde frente a la oficina de Patchogue del congresista Lee Zeldin, para protestar en nombre de mujeres y niños inmigrantes, víctimas de violencia y abuso, con el fin de expresar su indignación por la política de la administración de Trump de separar a niños de sus padres en la frontera de los Estados Unidos.
“Nos sentimos muy tristes y enfadados ante tanta injusticia, la gente que viene aquí no son criminales, solo buscan una vida mejor, lejos de la violencia y la pobreza,” comentó Noemi Sánchez, enlace comunitario de la organización CASA de Riverhead. “El dolor es profundo y toda la comunidad está unida en contra de lo que está
sucediendo.”
Más de 100 personas se congregaron en una protesta pública que representaba a docenas de organizaciones —desde SEPA Mujer, OLA of Eastern Long Island y Long Island Jobs with Justice hasta Indivisible North Fork, New York Civil Liberties Union, Empire Justice Center, CASA Riverhead y el Comité de Seguridad Ocupacional y Salud de Nueva York, entre otros— así como ciudadanos, padres y líderes religiosos que llevaban carteles con mensajes como “Keep families together” (Mantener a las familias unidas) y “Stop terrorizing Immigrants” (Dejen de aterrorizar a los inmigrantes) y gritaban “We are the People” (Somos las Personas) y “This is what democracy looks like” (Así es la democracia).
“Podemos estar a miles de millas de distancia, pero sentimos con la misma fuerza. La comunidad se unió para apoyar a los inmigrantes víctimas de violencia y para protestar contra las políticas inhumanas del gobierno de Donald Trump,” dijo Martha Maffei, directora ejecutiva de SEPA Mujer, una organización sin ánimo de lucro que busca empoderar a la mujer latina en Long Island y principal organizadora de la protesta del miércoles.
“El nivel de crueldad alcanzado por este gobierno es inaceptable y la gente está indignada,” comentó. “Han deshumanizado a bloques enteros de personas y han victimizado y causado daños a niños y mujeres. La gente dice ¡basta¡”
Una serie de decisiones que han tenido un enorme impacto en los inmigrantes han devenido de los que la administración ha llamado política de “tolerancia cero,” establecida a principios de mayo y reafirmada al inicio de este mes por el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions.
La política ha puesto a miles de familias y niños en una situación precaria e insostenible que, hasta el momento, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, ha separado a más de 2,300 niños que han sido enviados a centros de detención sin sus padres, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional publicadas el lunes.
“No había un plan establecido, no se preocuparon por las familias,” dijo Maffei. “No hay ningún registro para muchos de estos niños, no sabemos donde están, cuando y si volverán a ver a sus padres y el horror que soportan es desgarrador y con [un impacto] psicológico y emocional duradero.”
El presidente Donald Trump —quien en su página de Twitter acusó falsamente a los demócratas de crear esta crisis— firmó ayer una orden ejecutiva para detener la separación de niños y padres, después de que millones de personas —tanto demócratas como republicanos, así como organizaciones nacionales e internacionales— presionaron al gobierno para que pusiera fin a la política. La presión aumentó considerablemente cuando varias fotos de niños en los centros de detención salieron a la luz en los medios de comunicación, mostrando las condiciones en que se encontraban los niños en estructuras similares a jaulas y colchones extremadamente delgados tirados por el suelo, además de grabaciones de audio de niños llorando y pidiendo desesperadamente por sus padres.
“No es una buena política separar en nuestra frontera a niños de sus padres y luego ponerlos en libertad en los Estados Unidos como UAC,” dijo Zeldin en un mensaje de Twitter y añadió, “no es una buena política liberar una familia al completo en los Estados Unidos cuando esa familia ingresó en nuestro país ilegalmente.”
Los expertos legales y los defensores de los inmigrantes señalan que la nueva orden ejecutiva resulta problemática por razones que incluyen la autorización de la detención indefinida de niños, lo que va en contra de la decisión judicial Flores vs. Renoo “El Acuerdo de Flores” que limita la detención a menores a un máximo de 20 días. Esto causará que la orden ejecutiva probablemente sea cuestionada ante tribunales de justicia pronto, dijeron expertos.
La política de “tolerancia zero” —que según la orden ejecutiva, continuará— impone automáticamente un delito criminal a las personas que cruzan la frontera. Anteriormente, los que cruzaban la frontera eran acusados de una delito civil y se gestionaban a través del sistema judicial de inmigración, no por tribunales penales.
“Se lavó las manos con la orden, pero ¿qué hay de los miles de niños ya separados?” preguntó Maffei. “Es responsabilidad de un país cuidar de los niños que se encuentran aquí, independientemente de su estatus y no se puede violar sus derechos,” dijo.
“Es realmente sorprendente cómo mucha gente se molesta por las separaciones de 2 mil [niños] bajo [el mandato] de Trump pero no han dicho nada sobre las 72 mil separaciones en 2013 bajo [el mandato] del presidente Obama,” comentó Zeldin en un mensaje de Twitter. “De todas maneras, el ‘Acuerdo de Flores’ requiere un cambio en la ley y estoy dispuesto a hacerlo lo antes posible.”
“Es simplemente horrible,” dijo Maffei. “La gente necesita despertar, dejar de decir tantas mentiras y darse cuenta de que esto no tiene nada que ver con la inmigración, esto nos concierne a todos.”
Además, Sessions también anunció la decisión de denegar las solicitudes de asilo para los inmigrantes que huyen de sus países debido a la violencia doméstica y de pandillas, ni si quiera en los casos de las personas que ingresan al país a través de los puertos de entrada regulares en la frontera.
Los defensores de los inmigrantes explicaron que la administración está atacando directamente a las familias, especialmente a las mujeres, con esta dura decisión, rechazando a las víctimas de violencia de género cuando piden asilo de manera legal y luego condenándolas penalmente cuando cruzan la frontera.
“Solíamos ser un país de valores, donde actuábamos con compasión y amor, especialmente cuando los demás sufrían,” dijo Maffei.
Los defensores de los inmigrantes también se reunieron el miércoles para solicitar al Congreso que reautorice la Ley Contra la Violencia de Género antes de que termine el año fiscal, ya que temen que a vista de las recientes decisiones “este sería un tercer ataque contra mujeres y niños víctimas de la violencia.” Sessions se opuso a la reautorización en 2013, cuando era senador.
Promulgada en 1994, la Ley Contra la Violencia de Género (VAWA, por sus siglas en inglés) — que ofrece subsidios administrados a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y fondos de programas y recursos para víctimas de violencia doméstica y abuso sexual— es vital para organizaciones como SEPA Mujer, que luchan para ayudar a estas víctimas, muchas de ellas residentes locales, que en su mayoría son indocumentadas.
“Todo esto está relacionado, lo que está sucediendo en la frontera, la denegación del asilo a las víctimas de violencia y la reautorización de [la ley] VAWA,” dijo Maffei. “ Las mujeres y niños locales que son víctimas de un crimen ya se ven afectados, debemos luchar por ellos.”