El propietario de los complejos de casas prefabricadas de Riverwoods, Riverhaven y Lakewood ha llegado a un acuerdo con el fiscal general de Nueva York que le exige cambiar ciertas prácticas de “alquiler con opción a compra” que, según el fiscal general, violan la ley estatal.
Kingsley Management Corp., con sede en Provo, Utah, es uno de los ocho propietarios de los complejos corporativos que firmaron acuerdos con el principal fiscal del estado, tras una investigación en toda la industria sobre las posibles violaciones de la ley de Nueva York, anunció el jueves la fiscal general Barbara Underwood.
El acuerdo requiere que los propietarios corporativos — que son propietarios de los complejos de casas prefabricadas más grandes del país, dijo Underwood— “hagan reformas significativas” a sus prácticas de alquiler con opción a compra.
Los contratos de alquiler con opción a compra son acuerdos de opciones de compra que permiten al inquilino comprar la casa que alquilan después de un período de tiempo específico por una suma acordada.
Las ocho compañías juntas poseen más de 100 complejos de casas prefabricadas en todo el estado de Nueva York, según la fiscal general. Kingsley es el único propietario de un complejo de casas prefabricadas en Riverhead que firmó el acuerdo con el fiscal general como resultado de la investigación estatal. Kingsley aceptó pagar una multa de $1,000 al estado y modificar sus prácticas de alquiler con opción a compra de cara al futuro.
Un funcionario de Kingsley informó el lunes que la compañía tiene aproximadamente cuatro docenas de contratos de alquiler con opción a compra en sus tres comunidades de Riverhead. El acuerdo aplica a todos los contratos futuros de alquiler con opción a compra y los contratos existentes firmados desde el 1 de enero de 2015.
El acuerdo es solo una fuente más de inseguridad de vivienda para la residente de Riverhaven, Elaine Viggiano, quien firmó un contrato de alquiler con Kingsley en mayo de 2012, junto con su esposo, en aquel entonces, Gary, y se mudó a una nueva unidad doble en el complejo de Hubbard Avenue.
Tratar con el propietario corporativo ha sido estresante desde el primer día, dijo Viggiano en una entrevista en su casa el sábado. Obtener información de la compañía es difícil —incluso obtener un contrato de arrendamiento firmado ha resultado casi imposible, explicó Viggiano. La compañía no ha firmado un contrato de arrendamiento desde el primer año, aunque le envían un contrato anual para firmarlo y devolverlo cada primavera. Ella cumple con las instrucciones, pero no ha recibido un contrato de arrendamiento completo.
“Me llevó hasta el año pasado obtener una copia firmada del acuerdo de opción [a compra],” comentó.
Kingsley firmó el contrato de arrendamiento inicial y el contrato de alquiler con opción a compra sin tener un certificado de ocupación para la vivienda. Los administradores de propiedades del lugar en ese momento le dijeron a Viggiano que ellos — y no Kingsley — tenían que obtener el Certificado de Ocupación del ayuntamiento, dijo ella.
“Pero el ayuntamiento no nos deja solicitarlo porque no somos los dueños,” explicó Viggiano.
La empresa solicitó el Certificado de Ocupación, pero el ayuntamiento no lo emitió porque una de las entrada solo disponía de escaleras temporales. En febrero de 2013, Kingsley informó a los Viggianos que la construcción de las escaleras permanentes sería su responsabilidad. Ellos se negaron, ya que su casa ni siquiera podía obtener un Certificado de Ocupación sin las escaleras. Kingsley finalmente mandó a construir las escaleras.
El contrato de alquiler con opción a compra de Viggiano no requería un pago inicial por adelantado. El contrato dice que pueden comprar la casa por $1 después de 84 meses de pagos de alquiler de la casa — además del alquiler del lote y los impuestos a la propiedad— siempre que cumplan estrictamente con los términos del contrato. Los términos incluyen hacer todas las reparaciones importantes que puedan ser necesarias en el transcurso del contrato de siete años. Si no cumplen, según el contrato, tendrán que pagarle a Kingsley $15,600 por la vivienda al final del plazo del contrato, que se realizará en mayo. El contrato también dice que ninguna parte de ese pago de $15,600 puede ser financiado. Si cumplen con los términos del contrato, hay un “crédito de compra” de $15,600 en el cierre que cancela el monto adeudado.
Viggiano mencionó que está preocupada por la situación con Kingsley en general porque el acuerdo de opción a compra es confuso y no ha visto un contrato firmado desde 2013. Tanto ella como su ex-esposo dicen que ha sido una lucha de siete años para obtener una respuesta directa de la empresa sobre cualquier cosa. Ambos culpan las tensiones causadas de lidiar con la compañía como una de las principales razones de que su matrimonio terminara. Sin embargo, siguen siendo amigos y ambos dan cuenta similar de sus experiencias con los representantes de Kingsley.
“¿Podré incluso ejercer mi derecho de opción a compra? ¿Dirán que tengo que pagar $15,600 en efectivo? No tengo esa cantidad de dinero por ahí,” dijo Viggiano, quien a los 63 años todavía trabaja a tiempo completo.
Ella y su esposo contaban con adquirir el título de la casa en mayo de 2019 y que su pago mensual se redujera a la mitad —una vez que se elimina el pago del alquiler de la vivienda, la obligación mensual sería por el arrendamiento del lote y los impuestos a la propiedad. Eso haría que la casa en Riverhaven sea una opción de vivienda asequible y haría viable la jubilación en Long Island.
Norm Sorensen, gerente de cuentas de Kingsley Management, dijo en una entrevista el lunes que no se cancelaría el derecho de opción a compra de los Viggianos, ya que Kingsley se encargaría de algunas reparaciones significativas, ni tampoco que la compañía que efectúe esas reparaciones resultara en el pago de $15,600 en efectivo.
“Ella tendrá que pagarnos la totalidad del coste de esas reparaciones,” explicó Sorensen. “Tengo entendido que han sido mínimos. Era una casa nueva,” dijo. Sorensen señaló que no podía proporcionar detalles de inmediato porque estaba conduciendo en el momento de la entrevista telefónica del lunes.
Sorensen dijo que a Viggiano no se le cobraría por la instalación de las escaleras necesarias para obtener el Certificado de Ocupación.
“Dado que eso era necesario para [obtener] el Certificado de Ocupación, no se le exigiría a ella,” dijo Sorensen.
Sorensen dijo que el hecho de que Kingsley no devolviera un contrato de arrendamiento totalmente ejecutado a los Viggianos no afecta sus derechos. Ella tiene un contrato de arrendamiento de siete años,” dijo Sorensen, refiriéndose al término del acuerdo de opción a compra. “Vamos a cumplir con la opción de arrendamiento,” dijo.
“He tenido docenas y docenas de estas opciones que han progresado en todo el país y les hemos dado el título,” comentó.
“Ella pagó la renta de mercado durante siete años y al acabar de pagar la renta de mercado, puede obtener el título de la casa por un valor de entre 50 y 100 mil,” dijo Sorensen. “Es un precio increíble,” comentó.
Dado que el contrato de Viggiano es anterior al 1 de enero de 2015, no está sujeto a la estipulación acordada con el Fiscal General de Nueva York.
Sorensen dijo que Kingsley tiene “probablemente un par de docenas” de contratos de alquiler con propietarios en Riverhaven y Lakewood combinados y otras dos docenas en Riverwoods, la más grande de las tres comunidades. Son los únicos complejos de Kingsley en Nueva York, donde la compañía entró en el mercado por primera vez en 2012.
Mencionó haberse reunido personalmente con la fiscal general, le mostró los planes de Kingsley y le aseguró que “solo queremos cumplir con la ley de Nueva York,” dijo.
Sorensen señaló que Underwood le dijo que Kingsley es “uno de los buenos jugadores” porque no están firmando contratos de alquiler con opción a compra en “casas viejas y en mal estado.”
La oficina de la fiscal general solicitó que las cuestiones sobre la estipulación se presentaran por correo electrónico. No se respondió al correo electrónico antes de la publicación de este artículo.
La fiscal generl señaló en el comunicado de prensa del 18 de octubre que su investigación reveló que los dueños de los complejos en cuestión violaron las leyes estatales y establecieron protecciones para los inquilinos. La oficina de la fiscal general “continuará trabajando con la Asociación de Vivienda de Nueva York y sus miembros para reformar las prácticas de la industria en beneficio de los inquilinos de complejos de casas prefabricadas en todo el estado,” según el comunicado de prensa.
Los residentes de la comunidad de Lakewood, a la salida de River Road en Calverton, se quejaron a los funcionarios municipales y del estado sobre las condiciones dentro del complejo, alegando que la cantidad de alquileres en la comunidad aumentó después de que Kingsley compró el complejo y que los inquilinos se dedicaban a actividades ilegales relacionadas con drogas.
El residente de Lakewood, George Bakke, dirigió a los residentes a quejarse con los funcionarios municipales, a la División de Renovación de Viviendas y Comunidades del estado y a la oficina del fiscal general del estado sobre los problemas de alquiler con opción a compra y las condiciones del complejo. Bakke comentó el viernes que consideraba justificado que se hubieran tomado medidas contra el operador del complejo. Dijo que está agradecido con Dan Irizarry en la División de Renovación de Viviendas y Comunidades y con la asistente del fiscal general Jill Faber por su persistencia en el seguimiento de las quejas de los residentes.
“Hay muchos otros problemas dijo Bakke,” dijo. Esto es sólo la punta del iceberg.”